Honduras amplía de nuevo suspensión de garantías constitucionales y la extiende a más áreas
Imagen de archivo. Tropas participan en una ceremonia militar por el 197 aniversario de las Fuerzas Armadas, luego de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (no en la foto), movilizara a miles de policías a áreas controladas por grupos criminales
TEGUCIGALPA, 21 feb (Reuters) — El gobierno de Honduras amplió el miércoles por 45 días la suspensión de garantías constitucionales en el país para enfrentar la situación de violencia generada por las pandillas criminales y la extendió a otras zonas donde estas bandas han huido de la persecución policial, dijo el jefe de la policía. Es la segunda vez que se alarga el estado de excepción parcial impuesto a principios de diciembre por la presidenta izquierdista Xiomara Castro inicialmente en la capital Tegucigalpa y la norteña San Pedro Sula, las dos más importantes de la nación centroamericana.
«La suspensión de garantías se extendió a municipios donde según nuestros análisis han migrado los grupos criminales evadiendo el accionar de la policía y el estado», dijo el jefe de la policía nacional, Gustavo Sánchez, en una conferencia de prensa.
En la primera extensión, el área geográfica de aplicación de la medida pasó de dos a 73 municipios, y a partir del miércoles se sumaron otros 48, para un total de 123 de los 298 que tiene Honduras.
Según Sánchez, desde que se impuso el 6 de diciembre hasta el 20 de febrero, hubo una reducción de 356 homicidios respecto al mismo período de hace un año. «El éxito de la operación se mide por el número de vidas salvadas, no por el número de detenidos, armas decomisadas o drogas decomisadas», agregó.
El país latinoamericano, donde se registran en promedio casi una decena de homicidios diarios, se ha visto asediado desde hace años por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 que se dedican al cobro del llamado «impuesto de guerra» a pobladores, comerciantes y transportistas.
Estos grupos también controlan el tráfico de drogas, los asaltos y los asesinatos por encargo, y su acción se suma a la violencia de los carteles de la droga que trafican a través del país cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos.
La suspensión de garantías implica restricciones a la libre circulación, asociación y reunión, allanamientos de morada sin orden judicial y detenciones sin orden de captura. Fue adoptada tras la presión de transportistas, empresarios y organizaciones civiles que aseguran que la extorsión se ha incrementado.
Gustavo Solórzano, ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), dijo que «la percepción es que la criminalidad sigue igual o ha empeorado». «Seguimos pagando el impuesto de guerra, y las amenazas y crímenes de conductores de transportistas por la extorsión siguen», agregó el dirigente de ese sector Jorge Lanza.
(Reporte de Gustavo Palencia; Editado por Raúl Cortés Fernández)
